Derecho al olvido

Opinión escrita para Diario El Mundo

Lunes 1 Septiembre 2014

Recientemente se acercó a Diario El Mundo un joven acompañado de una señora representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH). Quien habló fue ella. Me presentó al joven como un “cliente que quiere limpiar su nombre” al haber sido publicada una noticia en el año 2013, donde aparecía esposado en una delegación de la PNC y presentado como “exhibicionista ante una menor incapaz” por lo que había sido denunciado por un familiar de la menor.

El joven fue claro en su petición: “quiero que borren mi noticia de su archivo digital, bajen el e-paper (versión digital íntegra del impreso de cada día que se sube a la red compaginado como archivo de cada medio) y que eliminen la foto donde aparezco esposado”. Le expliqué que ningún medio de comunicación debe borrar un archivo digital completo. Tampoco se puede borrar una noticia individual porque equivale a arrancar una página impresa esperando que nadie lo note.  Es un derecho –y obligación- de cada medio mantener intacto su archivo digital. Le ofrecí la solución de hacer una nota de seguimiento a su caso con todos los documentos que su abogado considerara pertinentes y dejar un enlace a la nota original.

Me dijo que no le interesaba eso. Lo único que quería era que se borrara todo para que desapareciera su nombre de los buscadores como Google donde daba como primeros resultados la nota de Diario El Mundo y su fotografía esposado como imagen destacada.

La señora de la PDDH me increpó por ser el único medio que aún mantenía esa nota en línea, “los otros periódicos ya la borraron y mi cliente no entiende por qué ustedes insisten en publicarlo”. Incluso, mencionó que en el periódico hermano El Migueleño también aparecía la noticia de la detención.

“Me detuvieron en una redada junto a otro montón de gente y quiero limpiar mi nombre”, insistía el joven mientras les explicaba que es una ilegalidad que un medio borre su registro, que el procedimiento es publicar notas de actualización de cada caso, cuando dijo algo que cambió mi atención: “solo quiero una segunda oportunidad”. ¿Acaso estaba aceptando su responsabilidad ?.

Me entregaron una carta donde amenazaban con demandar a la redactora de la nota y al medio en general si no se eliminaba del archivo digital y me solicitó una firma de recibida.

Consulté el caso con un abogado y me explicó el tema del ‘derecho al olvido’ que puede definirse como “el derecho que tiene una persona natural o jurídica a borrar un dato, bloquear o suprimir información que se considera desfasada en el tiempo o que de alguna manera afecte el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales”, siendo un debate que va de la mano con la libertad de expresión, obviamente. No quiero entrar en dicho debate; pero sí me pregunto por las segundas oportunidades. ¿Quién merece ser ‘olvidado’ de internet?.

Cada caso será diferente.No es lo mismo que una persona quiera cerrar su perfil de Facebook –por ejemplo- eliminar sus fotografías personales y desaparecer de una red social por el motivo que sea, o que una persona sea víctima de difamación por tanto anónimo que prolifera, o que un joven que fue acusado de supuestamente mostrar sus partes íntimas en público tenga problema para encontrar trabajo y quiera borrar esa huella digital. ¿Qué pasa con los delitos sexuales (u otros) que necesitan un seguimiento del sistema judicial para evitar reincidencia?.

¿Cómo se ponen de acuerdo el derecho de libertad (civil, mercantil, de expresión, etc.), con el ahora de moda debate sobre el derecho al olvido?.

El Parlamente Europeo lleva varios meses con el tema sobre la mesa, tanto así que Google y Bing, de Microsoft, coinciden en que  no bastan cientos de miles de firmas para solicitar su aprobación.

Para debatir de verdad necesitamos un marco legal, que en caso de El Salvador, ni siquiera existe una regulación sobre delitos informáticos. Encontré una propuesta de Transparencia Activa  de Mayo 2013 y otro par de anteproyectos como trabajos universitarios. Queda hecha la invitación para involucrarnos en el tema y profundizar en la gestión de nuestros derechos, todos. Incluso los digitales.

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